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Según lo pactado y teniendo en cuenta que la deuda se iba a liquidar en tres meses, sólo quedaría el pago de abril, que las subcontratas confían en que se haga, teniendo en cuenta que Ploder les está pagando con lo que recibe de AENA por unas facturas que mantiene con esta empresa pública por la ejecución de la ampliación del aeropuerto.
La empresa Ploder Uicesa, adjudicataria de las obras de ampliación del aeropuerto de Córdoba, está cumpliendo con su compromiso y ha efectuado los pagos que le correspondía hacer a las subcontratas, a las que debía 1,4 millones de euros.
Según informó a Europa Press Antonio Barea, de la empresa Demoliciones Córdoba, principal afectada por los impagos, ya han recibido los 650.000 euros que tenían que abonar en el mes de febrero, pero además han pagado ya 350.000 euros, que correspondían a este mes de marzo, según el acuerdo que alcanzaron en enero.
De este modo, según lo pactado y teniendo en cuenta que la deuda se iba a liquidar en tres meses, sólo quedaría el pago de abril, que las subcontratas confían en que se haga, teniendo en cuenta que Ploder les está pagando con lo que recibe de AENA por unas facturas que mantiene con esta empresa pública por la ejecución de la ampliación del aeropuerto.
Desde el pasado mes de noviembre las subcontratas han paralizado los trabajos en varias ocasiones como consecuencia de los impagos, si bien parece que la situación ha vuelto a la normalidad.
AENA adjudicó en marzo del 2008 a la empresa Ploder Uicesa las obras para la ampliación de la pista. Esta firma ejecutará los trabajos por 21,8 millones de euros en un plazo de 19 meses. De esta forma, rebajó un 34,95 por ciento el presupuesto fijado en la licitación, 33,6 millones de euros, y en un mes el periodo previsto inicialmente para llevar a cabo las obras.
Asimismo, AENA encargó en abril del 2009 a Ploder Uicesa todos los trabajos necesarios para el tratamiento de los terrenos que ocupará el nuevo aeropuerto, entre ellos los de más calado social, el derribo de 110 casas de las parcelaciones Llanos del Castillo, Fontanar de Quintos, La Altea, Guadalvalle y San Isidro de la Alameda.
La empresa adjudicataria disponía de un plazo de 32 meses para llevar a cabo todos los trabajos previstos, que consisten, además del derribo de casas, naves y de todo lo que haya edificado, en el vallado de las parcelas que deben ocuparse y en la anulación de los contratos de los servicios existentes, es decir, tomas de luz y agua, entre otros. Además, incluye la prospecciones arqueológicas que se harán en las zonas afectadas. El presupuesto de adjudicación fue de 3,3 millones de euros.
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